El acceso a la información se consolida como un derecho fundamental en nuestra sociedad, pero con la reciente reforma que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y lo sustituye por el organismo “Transparencia para el Pueblo”, surge la controversia sobre si este cambio afectará la autonomía del proceso de transparencia en México. Raquel Buenrostro, actual secretaria Anticorrupción, defiende el nuevo modelo; sin embargo, activistas como José Roberto Saucedo advierten que las medidas adoptadas confieren un poder excesivo al Gobierno, que controlará el acceso a la información. Puebla el contexto de una institución que originalmente promulgaría la transparencia desde su creación en 2002, convirtiéndose en esencial en la lucha contra la corrupción. La comunidad se pregunta si este nuevo enfoque garantizará los mismos estándares de acceso y transparencia que se habían establecido.