Tras la reciente aprobación de un plan fiscal que incluye un impuesto del 3.5% sobre remesas, el gobierno mexicano ha expresado su decidido rechazo a esta medida, argumentando que afectaría a millones de familias que dependen de estas transferencias. El gobierno está dispuesto a movilizarse legalmente si es necesario, considerando que esta indiferencia por parte del gobierno estadounidense podría violar tratados bilaterales. Las plataformas fintech han sido resaltadas como una posible alternativa para continuar enviando efectivamente recursos a México sin incurrir en cargas impositivas.