En un trágico acontecimiento ocurrido el 4 de mayo, se descubrieron los cuerpos de 13 trabajadores minera desaparecidos, quienes fueron hallados maniatados, desnudados y con signos de tortura. Inicialmente, el gobierno peruano había desestimado las denuncias de secuestro, pero tras la confirmación de los asesinatos, se decretó un toque de queda en el distrito de Pataz, en el noroeste del país. Esta situación pone en tela de juicio la conexión entre la actividad minera y los peligros asociados con la minería ilegal.