Con el anuncio del regreso de Super Junior a la Ciudad de México, el frenesí entre los seguidores no ha tardado en manifestarse. Se dieron a conocer la fecha, el lugar y la hora del evento; sin embargo, los precios, curiosamente, están ausentes, algo que ha generado una intensa reacción en redes sociales. Aprovechando hashtags como #SinPreciosNoCompramos y #OcesaAnunciaPreciosSJ10, miles de fans exigen que la promotora Ocesa revele los costos de los boletos antes de la fecha de venta planeada. Este movimiento ha llegado a ser trending en X (anteriormente Twitter), acumulando más de 180 mil menciones en solo unos días.
Más allá de la controversia del fandom, surge una interrogante pertinente: ¿por qué en México es habitual vender boletos sin revelar precios desde un inicio? Conciertos de figuras como Taylor Swift y festivales como Corona Capital han seguido este mismo patrón, anunciando el evento pero manteniendo los costos en secreto hasta el último momento. Esta no es solo una negligencia inocente, sino una estrategia comercial designada como “precios ocultos”, ampliamente utilizada en la industria del entretenimiento, que busca maximizar ganancias aprovechando decisiones rápidas y mal informadas por parte del consumidor.
Mientras se genera una sensación apremiante, muchos fans se ven presionados a comprar boletos sin tener claro el impacto en sus finanzas. En el proceso de compra, los precios suelen incrementarse debido a tarifas por servicio y otros cargos, que se revelan en los últimos pasos. Así, al haber invertido tiempo y entusiasmo, los fans terminan pagando a pesar de los aumentos en los precios.
Este tipo de prácticas se extiende más allá del ámbito musical; muchas aerolíneas, hoteles y plataformas de streaming también aplican estrategias semejantes, resultando en decisiones apresuradas sin información suficiente. Anunciar un evento sin su precio podría estar en contravención con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la cual exige que la información esencial como precios sea clara y accesible desde el inicio. El artículo 7 establece que todos los proveedores tienen la obligación de informar, y la omisión de costos puede ser una violación directa de este principio.
Esta situación resalta la importancia de exigir claridad y transparencia en toda transacción, protegiendo no solo la emoción anticipada de asistir a un evento, sino el derecho del consumidor a tomar decisiones informadas y justas.